Pañuelos verdes en el sistema sanitario: qué es la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir

El activismo y las acciones reales para garantizar el acceso a una interrupción legal del embarazo están cada vez más aceitadas en Olavarría. Pero hablar de "acceso al aborto" es quedarse cortos y caer en reduccionismos que sólo promueven el desconocimiento y la peligrosa falta de acceso a los derechos de las personas con capacidad de gestar.

Hace rato que puede verse un grupo de mujeres en las marchas, en los "martes verdes" pre pandemia y dando talleres en los barrios, entre otras cosas. Ellas son las médicas, enfermeras, docentes, personal administrativo que integran la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en nuestra ciudad. Para conocer un poco más acerca de su trabajo, Primera Info se comunicó con una de sus integrantes, Victoria Nogal.

VIctoria contó que la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir surgió en Olavarría en 2018, luego de asistir al sexto encuentro nacional de esta Red en la ciudad de Buenis Aires, donde se reunieron con efectores de salud de todo el país que trabajan con personas con capacidad de gestar en distintos momentos de su vida y su salud sexual y reproductiva.

En tanto, la Red Nacional se constituyó en 2014 en un encuentro llevado a cabo el 28 de septiembre de ese año, que coincidió con el día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. En dicho encuentro, impulsado por Socorristas en Red y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se buscó socializar experiencias de acompañamiento en Interrupciones Legales de Embarazo en el sistema de salud, dando respuesta también a la necesidad de sostén, contención, apoyo y capacitación para quienes la solicitaron.

¿Qué hace la red?

Victoria explica que se plantean un doble objetivo: "constituirnos en una voz pública y autorizada que apoya y solicita la aprobación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y a la vez dar acceso a la ILE a través del sistema de causales previsto en el Artículo 86 de nuestro Código Penal".

ARTICULO 86. (…) El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

"En Olavarría realizamos nuestra tarea en el sistema público de salud, atendemos la salud de la población en general y de las personas con capacidad de gestar en particular" continúa Victoria, "siempre respetando las decisiones reproductivas de las mismas". 

Para comprender en qué consiste este tratamiento integral, en el paso a paso, Victoria cuenta que se realizan consejerías a quienes asisten buscando acceder a una Interrupción Legal del Embarazo. Las mismas están enmarcadas en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Así, al tener en cuenta a la persona de manera integral y como sujeto de derecho, las profesionales de la Red buscan promover su autonomía en relación a la toma de decisiones informadas sobre su salud y su cuerpo.

En esa misma línea, entonces, y en constante articulación con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva municipal, "no solamente nos abocamos a garantizar el acceso y el abordaje integral de la ILE (interrupción legal del embarazo), sino que también atendemos consultas obstétricas y controles de embarazo, garantizamos el acceso a la anticoncepción, reforzamos la consejeríaen opciones" enumera Victoria.

Es que la salud sexual y reproductiva no se reduce a la toma de anticonceptivos como tantas ESIs fallidas nos quisieron enseñar y tampoco involucra solamente a las mujeres. Parte del trabajo de la red se trata de la atención a personas en situación de violencia sexual, la prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y en uno de los servicios territoriales, donde se cuenta con el Consultorio Inclusivo, se brinda atención y entrega de medicación para la población travesti y trans de Olavarría.

Victoria agrega que "también contamos con el servicio de ecografías gineco obstétricas, que funciona junto al programa de Salud Sexual y Reproductiva en el servicio territorial N°4, que tiene días y horarios específicos para el seguimiento de ILEs, buscando que esta práctica se realice de una manera cuidada y empática con las personas que se acercan".

La lista de sus actividades es larga, desde el acompañamiento en situaciones de violencia, embarazos no planificados, no deseados, inoportunos o impuestos, desde la difusión de toda esta información para mejorar la accesibilidad al sistema de salud, dando a conocer servicios o instituciones amigables y organizaciones feministas que acompañan a las personas que gestan a elegir qué hacer con su propio cuerpo.

"Actualmente somos miles de profesionales en el país y más de 400 efectores a lo largo y ancho del país que garantizamos ILE y en Olavarría estamos presentes en 6 centros de salud" señala Victoria. Pero realmente estas profesionales abarcan todos los CAPS, dado que existen profesionales de la salud objetores de conciencia al momento de garantizar una interrupción legal del embarazo, pero no pueden obstaculizar el proceso, por lo que deben derivar a la persona gestante a centros de salud que sí realicen esta práctica médica. También cuentan con la redirección de personas por parte de Socorristas Olavarría.

Desde el comienzo de la pandemia hasta junio, según los registros oficiales, se realizaron 48 acompañamientos completos de ILE. La Red ha crecido sustancialmente, gracias a su propio trabajo de difusión, al trabajo articulado con organizaciones como Socorristas y con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dado que el año pasado la cifra fue de 28. "Tanto la Red como el Programa están llegando a más gente o se están optimizando los recursos y disminuyendo las barreras a la accesibilidad" razonó Victoria.

Las 3 causales

El Artículo N°86 del Código Penal, interpretado en el fallo FAL, permite la realización de un aborto bajo 3 causales. Si el embarazo es producto de una violación; si consiste en un peligro para la salud de la persona gestante; o si implica peligro para su vida.

Cuando llega una persona embarazada a un CAPS, la médica integrante de la Red, antes de comenzar con el control de embarazo, se realiza "consejería en opciones" y en base a la evaluación allí realizada se continúa con el control o se realiza una interrupción legal del embarazo.

Al entender la salud por la definición de la OMS, dicha evaluación se lleva adelante con indicadores clasificados por las áreas biopsicosociales, donde se evalúa la existencia de riesgo de la salud con aval del Artículo 86 del Código Penal.

Entre posibles causas Victoria enumera las físicas para comenzar. "Puede que el embarazo sea producto de una violación; enfermedades susceptibles de agravarse con el embarazo en virtud de los cambios fisiológicos que se producen durante la gestación, como anemia, hipertensión, enfermedades reumatoideas, cardiopatías, trastornos psiquiátricos, entre otros". 

Pero los determinantes sociales juegan un papel clave en lo que se entiende por salud y bienestar. En este sentido, Victoria se refirió a la situación laboral. No sólo el desempleo, sino el empleo en negro o informal que impida una licencia por maternidad, o que no se pueda continuar el vínculo laboral a causa de un embarazo. También la dependencia económica, una problemática que además se agravó con la pandemia, suele ser un impedimento para mantener al nuevo integrante del grupo familiar.

También la escolaridad y la posibilidad de interrumpirla o postergarla por un embarazo se tiene en cuenta, la precariedad habitacional, dificultades para pagar el alquiler, dependencia habitacional, las condiciones de la familia para llevar adelante una crianza y la presencia o ausencia de redes de contención hacen al equilibrio de la vida y la salud de la persona gestante.

"Por supuesto si sufre violencia de género y el estado psicoemocional de la persona son importantes. Un embarazo no deseado puede desencadenar conductas autoagresivas, patologías mentales, sufrimiento psíquico" explicó la profesional.

Es un trabajo amplio, donde se busca procurar que las decisiones de las personas gestantes sean informadas, que no impliquen un riesgo para su salud y esto no sólo se reduce a garantizar el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. 

Es ser una suerte de pilar en el proceso, que muchas personas viven con culpa o vergüenza, casi siempre con miedo al juicio del profesional, del entorno, de una sociedad que aún no comprende del todo que la decisión de maternar o no maternar es de cada una y eso representa un derecho fundamental actualmente muy vulnerado y manoseado.

"Nosotras entendemos todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva como una urgencia la mismo nivel que un paciente que consulta por un dolor de pecho. No se dilata nada, se atiende en el momento" señala Victoria.

Del otro lado de la vereda están estas profesionales que garantizan derechos, acompañan, escuchan y, por suerte, también se toman el tiempo para capacitar y educar.