El pasado viernes en la ciudad de Azul la investigación penal de un caso de grooming llevó a la detención de un comerciante que está imputado. Se trata de Carlos Antonio "Charly" Pérez, de 45, residente de esa ciudad.

La medida del "bozal legal" fue ordenada por Federico Belingieri, titular del Juzgado de Familia de Azul, respondiendo a una solicitud formulada por Sergio Hernández, funcionario judicial a cargo del Centro de Asistencia a la Víctima, que depende de la Fiscalía General departamental.

La misma fue solicitada porque la madre de la menor de edad que figura como víctima en el caso de grooming fue "etiquetada en comentarios de Facebook y en otras redes sociales por personas que dicen pertenecer a una agrupación denominada AMMA", donde se realizaron comentarios agresivos que "ponen en riesgo la integridad tanto psíquica como física de la pequeña, generando mucho temor y angustia, a su vez, en todo el grupo familiar".

También se indicó que la situación podía "poner en riesgo la investigación judicial con la cual la familia se encuentra conforme", motivos por los cuales se solicitaba ese "bozal legal" que fuera ordenado hoy.

En su resolución, el Juez señaló que la situación denunciada por el CAV ante el Juzgado de Familia daba cuenta de la existencia de hechos "que expondrían" a la menor y vulneraban "los derechos que le asisten".

Por tanto, esta medida cautelar se dictó "de manera inmediata", tendiente a que las y los integrantes de la agrupación feminista "se abstengan de realizar declaraciones en redes sociales y/o periodísticas que atenten contra el bienestar de la niña".

"La medida cautelar solicitada se exhibe como indispensable para salvaguardar la integridad psíquica de la niña y su grupo familiar, que a la fecha y habida cuenta de los hechos anoticiados se encuentra en serio riesgo", consideró también el juez Berlingieri en lo dispuesto, tendiente a resguardar a la menor "en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño".

El titular del Juzgado de Familia dispuso que "toda persona que se adjudique ser integrante de la agrupación denominada AMMA" (la Agrupación de Mujeres Maltratadas y Abusadas) deberá "abstenerse personalmente o por interpósita persona de difundir o divulgar por cualquier medio gráfico, radial y televisivo, así como en las redes sociales, cualquier noticia, imagen y/o circunstancia vinculada" con la menor que figura como víctima en esta causa penal y también de sus padres, ya sea "de manera directa o indirecta".

Siguiendo este criterio, en la resolución el "bozal legal" se hizo extensivo a "la familia del imputado en la causa de mención".

De vulnerarse esta medida la sanción consistirá en el pago de una multa fijada en 30.000 pesos "por cada caso de transgresión", que se aplicará "tanto a la persona como al medio en el que se divulgue la información".

Además, eso implicará que se inicie una causa penal por el delito de "desobediencia", refirió también el titular del Juzgado de Familia local en esta resolución.

Fuente y foto: https://www.diarioeltiempo.com.ar