En la sesión de este jueves 8 de octubre el HCD aprobó de manera unánime tres proyectos relacionados con el acceso a la vivienda y el hábitat. Entre ellos, la propuesta presentada días atrás por la Mesa de Emergencia, que se encuentra acompañando a familias que reclaman este derecho en la puerta de la Municipalidad.

Esta mañana las familias se dirigieron a la puerta de la sesión, donde se manifestaron y esperaron resoluciones. 

La concejal Victoria De Bellis se remontó a la época de la sanción de la ordenanza de la que hoy los vecinos piden ejecución y destacó la labor de los legisladores de aquel momento. "Todos en distinta medida hemos hecho las cosas mal en esta materia" señaló y, en relación a los reclamos de la última semana hizo hincapié en que "no se puede concebir cómo en una ciudad como Olavarría el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida no pueda dar una respuesta a familias que se encuentran en situación de calle".

En esta misma línea de críticas al ejecutivo que predominó durante el uso de la palabra, la edil Celeste Arouxet se refirió al trato con las ordenanzas y manifestó que "las ordenanzas que salen de este HCD que son distintas a la manera como opina el ejecutivo están quedando o vetadas o trabadas en un cajón. Siempre hay una excusa para la gente y me parece que nos olvidamos de que gobernamos para la gente".

Fue repudiada también la presencia de la policía en la cuadra y dentro del recinto. La concejal Alicia Almada rechazó esta situación e indicó: "no creo que la presencia de 50 madres que están clamando por una vivienda con sus hijos en la puerta del Concejo Deliberante esperando el tratamiento de una resolución constituya ningún peligro para que haya semejante presencia policial uniformada e inclusive de civil".

Mercedes Landívar recordó el lanzamiento del programa TuVi10 durante la campaña electoral, que prometió la construcción de 40 viviendas destinadas a familias de Olavarría y "no se hizo con la misma excusa de la emergencia económica".

Luego, Inés Creimer se refirió a los desalojos realizados durante la pandemia a pesar de su prohibición por parte del gobierno nacional y al dinero que el Municipio da a las familias para pagar los alquileres, que nunca resulta suficiente y el acceso a la vivienda se ve vulnerado.

Juan Sánchez habló acerca de las respuestas dadas por el ejecutivo local "en este momento y en los últimos 4 años" y del bloque del oficialismo: "ninguna".