La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)".

En base a la información recolectada hasta el momento, "se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación", se indicó en la denuncia.

Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió Télam, el envío "se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina" y el material se desvió "hacia las fuerzas armadas bolivianas".

"La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata", señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

"No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas", enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.