El lunes 12 de julio se realizó el último encuentro del Ciclo de Charlas organizado desde la Mesa Regional de Acceso Justo al Hábitat y la Vivienda, que integran representantes de la Facultad de Ciencias Sociales junto a otras instituciones de la región.

En esta oportunidad la charla se denominó “Acceso justo al hábitat y justicia”, y contó con la participación del Dr. Diego Lucas Fernández, Defensor General del Departamento Judicial de Azul; el Dr. Alejandro Rusconi, Secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; y la Dra. Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil. La moderación estuvo a cargo de la Dra. Agustina Girado.

En primer lugar, el Dr. Fernández analizó los estándares legales para la protección del derecho a la vivienda y estrategias de justiciabilidad. El Defensor General del Departamento Judicial de Azul realizó una serie de consideraciones en torno a la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14449 y planteó que esta reglamentación “es muy joven y los pronunciamientos que tenemos de la Justicia Federal y de la Provincia de Buenos Aires hacen un reconocimiento muy sesgado y limitado con respecto al derecho al hábitat”. Expuso en este contexto que ”si las normas y derechos no se transforman en garantías exigibles y son meras declamaciones de derechos, estamos haciendo las cosas mal”.

El Dr. Fernández criticó los fallos de la Justicia en los que “muchas veces las decisiones judiciales responden a la idea de que la garantía se resguarda con el acceso a un derecho como lugar de cobijo, como mero techo; y desnudan el contenido central de las reglas de garantía que hace referencia justamente a un instrumento necesario para una vida digna y en pleno desarrollo”. El funcionario judicial mencionó además la importancia de conceptualizar el derecho a la propiedad “como un derecho ampliado a un interés colectivo”.

Por su parte, el Dr. Alejandro Rusconi definió cuál es el rol que cumple la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los conflictos vinculados a vivienda y hábitat. En este contexto expuso que, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Azul hay 7 barrios populares, en Tandil hay 10 y en Olavarría 7.

Mencionó además los factores que inciden en la generación de nuevos barrios informales, entre los que nombró la persistencia de lógicas especulativas en el mercado inmobiliario y la insuficiencia de políticas públicas proactivas para abordar el déficit habitacional. Expuso una problemática particular que se da en muchas ciudades donde “la demanda insatisfecha de suelo urbano convive con la existencia de grandes extensiones de tierra ociosa, que se mantiene así por desidia o con fines especulativos. En algunos casos, se trata de predios que constituyen verdaderos focos de contaminación y riesgo para las familias de la zona donde están ubicados”.

El Dr. Rusconi expuso también que “el abordaje judicial no contempla los derechos sociales que se encuentran en juego. La vía penal suele ser la más elegida para lograr un desalojo rápido” pero a su entender “la alternativa al tema de la vivienda no puede ser la represión, no puede ser la fuerza de seguridad, no es solo la destrucción de los pocos bienes que tiene esa familia, sino también de la psiquis, hay niños en el lugar”.

Analizó por otra parte la vulneración de la garantía del debido proceso del artículo 231 Bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires sobre la reintegración de los inmuebles usurpados a sus propietarios, a raíz de que, entre otras cosas, “posibilita el dictado de la orden de desalojo respecto de terceras personas, que no se encuentran imputadas y a las que tampoco se les garantiza el derecho a ser oídas”.

El funcionario además abordó el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad", que fue dictado en el año 2019 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Finalmente, la Dra. Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil, se refirió al rol de la institución que encabeza, a la protección del derecho al acceso justo al hábitat y a los servicios públicos esenciales en esa ciudad. Detalló la situación de algunos barrios de la localidad de Tandil y cómo fue el abordaje realizado desde el área que fue creada en el año 2019.

Mesa Regional de Hábitat

La propuesta de estos encuentros surgió como resultado de un proceso de articulación institucional iniciado durante el año 2020 frente al agravamiento de las problemáticas urbanas y habitacionales. A partir de ello se estableció la conformación de una Mesa Regional en la que participan referentes e integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul -particularmente la Secretaría de Promoción y Litigio en Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Programa para Abordaje de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad-; las Secretarías de Extensión de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires -Distrito VIII-; el Colegio de Trabajadores Sociales; el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas; y, los equipos de los Proyectos de Extensión UNICEN “Derecho a la ciudad y metodologías participativas” y “El derecho constitucional a la vivienda digna en Tandil”.