La Justicia prohibió a las empresas de energía eléctrica que operan en la provincia de Buenos Aires limitar, suspender o cortar el servicio por deudas a asociaciones civiles, clubes de barrio, centros culturales y de jubilados, entre otras asociaciones protegidas por ley ante el impacto de la pandemia, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Dirección que nuclea a estas entidades.

Las entidades venían reclamando desde hace un tiempo por los incumplimientos de las compañías eléctricas a los beneficios dispuestos por una ley provincial, de autoría del diputado Facundo Tignanelli, para protegerlas de los efectos económicos relacionados a la pandemia.

En rigor, la denuncia de las entidades estuvo relacionada con que las distribuidoras no aplicaron la tarifa cero que debían facturar durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria a asociaciones civiles declaradas de interés público provincial. En esa tipificación están los clubes de barrio, centro de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes, entre otras. 

“A pesar de que la ley es clara en cuanto a los beneficios, nos encontramos que las empresas no sólo la cumplieron sino que siguen facturando normalmente e incluso las han intimado con cortes por falta de pago. Estamos ante un grave incumplimiento de las normas y una clara afectación de los derechos de las personas que son contenidas por estas asociaciones”, indicó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Ante esta situación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, dictó la medida para que las empresas se abstengan de suspender, limitar o cortar el servicio por falta de pago, hasta tanto se resuelva de fondo el asunto. (DIB)