“Es necesario llevar adelante este tipo de juicios, más allá de que para la ley hayan prescripto determinadas causas. Las víctimas tienen un dolor que no prescribe”, dijo Claudia Carpintero, coordinadora de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias.

El pedido a Julio Conte Grand excede a la Red ya que son más de 200 organizaciones que buscan “abrir esa llave que permitirá el acceso a la Justicia para tantas mujeres que sufrieron abuso en la infancia”.

El pedido busca brindar una solución jurídica “más justa para las víctimas de ASI que no pudieron llevar a la justicia sus abusos en los tiempos previstos por el Código Penal vigente al momento de los hechos”.

En este sentido, las agrupaciones pidieron al procurador que se implementen medidas para aplicar criterios investigativos “que sean compatibles con los contornos del juicio por la verdad y se dejen de archivar estas causas por prescripción”.

El requerimiento va en sintonía con el que formuló el juez de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, en junio del año pasado, cuando “dispuso que se realice un juicio por la verdad” en un caso de abuso sexual en la infancia.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental y el Tribunal de Casación Penal provincial determinaron que el delito prescribió, pero el magistrado consideró que por las características de los hechos denunciados, se trata de una “grave violación a los derechos humanos” y el Estado debe investigarlos, aunque no aplique una sanción penal.

En ese sentido, Carpintero destacó las reformas que introdujeron la llamada ley Piazza, que logró que los tiempos de caducidad comiencen a correr una vez que el abusado cumple la mayoría de edad, y la ley de Respeto de los Tiempos de las Víctimas, pero, advirtió que si el hecho ocurrió antes de 2015 no ingresa en la Justicia ya que la ley “no va para atrás”.

La Ley de Respeto de los Tiempos de las Víctimas fue sancionada a fines del año 2015 profundizando el recorrido en donde no solo debía suspenderse la prescripción hasta la mayoría de edad de la víctima, sino que debía extenderse el inicio hasta que la víctima pueda formular la denuncia pertinente.

De esta manera, precisó la Red en un comunicado, “se habilitó un proceso personal, respetuoso de la cuestión interna de la víctima, de su vivencia traumática, de esa barrera construida y enterrada en lo más profundo, a los efectos de poder sobrevivir”.

No obstante, los casos anteriores a 2015 prescriben a los 3 años “como cualquier delito, por eso pedimos que se respete la palabra de las víctimas y que se lleve al banquillo a los acusados”, agregó a a agencia estatal Télam.

“Si el Código Penal dice que está prescripto lo está, pero queremos juzgarlo igual para que la palabra de la víctima tenga validez, es el derecho a hacer justicia”, expresó Carpintero.

Para la coordinadora, el sentido es que el abusador tenga “una condena social y de la Justicia, aunque no vaya preso”, y que tenga “un valor simbólico, porque un juicio por la verdad se orienta en ese sentido”.

Por último, la representante de la Red consideró que la problemática del abuso sexual infantil “se trata de un genocidio silencioso, como dijo Marita Muller y tomó el juez Vitale”, y concluyó que “la agenda feminista tiene que tomar el tema del abuso a las infancias”.

“Debe estar en la agenda feminista, primero, porque las mujeres somos las principales víctimas y segundo, porque les niñez que sufren abuso están en manos nuestros, es necesario que el feminismo tome como propio batallar contra el abuso sexual en la infancia”, aseveró.