Al respecto, Di Carlo informó que son “muchos los inconvenientes en los pagos de los alquileres. Por ejemplo, tenemos el Jardín 929 con dos juicios, uno por falta de pagos y otro con pedido de desalojo. Ante esta situación buscamos una alternativa que fue llevar el Jardín a otra propiedad que está fuera del radio permitido. La Provincia aún no se expidió al respecto para autorizarlo, más allá de los pedidos diarios que estamos realizando al gobierno Provincial. Hoy tenemos temor que se desestime la oferta y no tengamos un lugar donde poder funcionar”.

Agregó que “una situación similar se vive con el Instituto de Formación Docente N° 22 que se encuentra en el colegio San Antonio de Padua. Hay que desalojar por falta de pagos. En esta situación particular había una deuda de la orden franciscana con ARBA, eso se solucionó el año pasado pero la Provincia continúa sin pagar lo acordado”.

Di Carlo también informó que en “el edificio donde funciona el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y de Educación con sus inspecciones también existen deudas. En este caso, desde el mes de febrero que no se abona el alquiler”.

Preocupado, el presidente del Consejo Escolar confesó que “ante esta situación se nos complica mucho poder conseguir lugares para llevar adelante las distintas tareas educativas. Los propietarios conocen estas demoras y se niegan a querer hacer un contrato de alquiler con el Gobierno Provincial. Están llegando juicios de desalojo por deudas de la Provincia y esto se torna realmente preocupante”.

“En el Centro de Formación Integral también estamos con demoras significativas en los pagos desde hace mucho tiempo. Es probable que, si no se paga lo que se adeuda, van a iniciar acciones legales para el desalojo. Así es difícil, cada vez más complejo”, remarcó.

Por último, Di Carlo explicó que “nosotros como Consejo Escolar somos un nexo entre los propietarios de los edificios y la Provincia, conseguimos los lugares, llevamos adelante las tareas administrativas para luego elevarlas a Provincia. Los pagos de alquileres pasan desde la gobernación provincial hacia los propietarios de los edificios. Pedimos que esta situación se regularice por el bien de la educación pública”.