Con la presencia del ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, y de familiares de víctimas de siniestros viales, el cuerpo de legisladores aprobó la iniciativa que sintetizó lineamientos de tres proyectos: uno que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof, otro de autoría del massista José Luis Pallares (Frente de Todos) y un tercero elaborado por la senadora de Juntos, Claudia Rucci.

“En nuestros hospitales ingresan un montón de heridos productos de accidentes que se podrían evitar; uno de cada cuatro tiene presente el consumo de alcohol, y muchos son jóvenes”, expresó en su exposición la vicepresidenta de la Comisión de Transporte, la senadora del Frente de Todos, Sofía Vannelli, quien sostuvo que “la seguridad vial a partir de hoy da un puntapié muy grande porque arranca una construcción muy fuerte, con un estado presente y con un rol fiscalizador de la mano de los municipios”.

La legisladora señaló que del debate participaron intendentes, representantes del sector vitivinícola y cervecero, no así el gastronómico.

En esa línea, indicó que “El Organismo Panamericano de la Salud (OPS) evidenció en un informe que no hubo cambios significativos en la venta del sector (a partir de la implementación de normativas semejantes” y destacó que la ley “plantea la prohibición del consumo de alcohol para quien maneja, no prohibimos el consumo de alcohol”.

“No estamos cambiando normas de la sociedad, sino transformar nuestras conductas a la hora de conducir”, indicó.

El senador del Frente de Todos, Walter Torchio, presidente de la Comisión de Adicciones, informó que se trabajó durante “cinco meses, de manera conjunta y con enorme amplitud”.

“No me pareció que hubiese oficialismo y oposición, sentí que hubo senadores y senadoras comprometidos con un proyecto que tenían que dar respuesta a una demanda de una parte de la sociedad y fundamentalmente a los familiares de las víctimas”, agregó.

Torchio indicó que el proyecto busca “conductores responsables y que el objetivo central es salvar las vidas” y planteó que en su implementación va “a requerir de la enorme predisposición de todos y todas; va a ser mucha falta capacitación y educación, la capacidad de acción necesaria para transformar hábitos y costumbres”

La presidenta de la Comisión de Transporte, la senadora Lorena Petrovich, del bloque Juntos por el Cambio, destacó el “trabajo de tres comisiones en conjunto” subrayó la “decisión política de sentarnos a la mesa y debatir con el mayor de los respetos por la diferencia, pero aportando cada uno de los sectores para enriquecer la ley”.

“Nuestro faro, nuestro semáforo, fueron las asociaciones, madres, padres, familias, de la mano de Viviam Perrone. Ellos, a través de su dolor, nos demostraron que el dolor se puede transformar en una acción”, indicó la legisladora.

El proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados prevé la incorporación y modificación de artículos de la Ley 13.927 del Código de Tránsito para establecer la prohibición de conducir a quienes hayan bebido alcohol.

Actualmente, el nivel de alcohol máximo permitido para los conductores es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Con la modificación propuesta, "queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor a quien registre una alcoholemia superior a 0 (cero) miligramos de alcohol por litro de sangre. Así también está prohibido conducir a quienes hubiesen consumido medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias que la Autoridad de aplicación, con intervención del Ministerio de Salud, determine como capaces de disminuir la aptitud para conducir”.

La iniciativa, incluye la creación del Fondo para el Financiamiento de Prevención, Capacitación y Control; y contempla penalidades por infringir la ley que incluye desde arresto hasta la retención de la licencia y la inhabilitación para conducir de acuerdo al nivel de alcohol en sangre.

Los infractores también deberán afrontar una multa y la obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, que podrá aplicarse como alternativa a la pena pecuniaria.