En el escrito, se indicó además, que en el período registrado de 304 días, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (79), seguida por Santa Fe (55), Córdoba (24), Salta (12), Mendoza (11) y Santiago del Estero y Chaco (9).

En tanto en Misiones se registraron 7 casos, en Jujuy 6, en Entre Ríos 5; en Formosa, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires 4; en La Pampa, Corrientes, Catamarca, Tucumán, y La Rioja 3; en San Luis, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén 2; y en Chubut y San Juan 1.

En el informe se indicó que en estos 10 meses transcurridos del año, un total 293 hijos e hijas se quedaron sin madre, de los cuales 193 son menores de edad.

También se detalló que 91 femicidas eran pareja o ex pareja de las víctimas; que nueve tenían dictada medida cautelar de prevención y que 15 eran agentes o ex agentes de una fuerza de seguridad.

En el relevamiento se destacó que 51 víctimas habían realizado denuncia, que 10 estaban embarazadas, que 11 tenían indicio de abuso sexual, que siete eran mujer trans, 16 víctimas eran migrantes, cuatro eran de pueblos originarios, y 41 femicidas se suicidaron.

El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la casa compartida con el agresor (90 víctimas fueron asesinadas en su hogar y 63 en vivienda compartida).

En el informe se indicó que la principal causa de muerte se debió a disparos de arma de fuego con 80 víctimas y la segunda son las puñaladas, 53.

“En 304 días hubo 254 femicidios y trans/travesticidios, ¿hasta cuándo seguiremos contando? De todas las mujeres asesinadas solo 51 hicieron la denuncia. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasa con el poder judicial que no pone en contexto el riesgo que corren quienes se animan a denunciar?”, se preguntan desde La Casa del Encuentro en el comunicado en el que difundieron el informe.

Y agregan: “La ley Micaela, obligatoria para los poderes del Estado, no demuestra que quienes realizan la capacitación apliquen los conocimientos supuestamente adquiridos. Párrafo aparte merecen las fuerzas de seguridad que, por cualquier motivo y sin atender la gravedad de una situación de violencia de género, se niegan a tomar las denuncias”.

En el informe presentado en las últimas horas, se destacó el caso de Noelia Soledad Sosa, de 30 años, que se suicidó en Tucumán, tras haber ido a denunciar a su pareja a una comisaría y no le tomaron la denuncia.

“El 16 de octubre Noelia Soledad Sosa de la localidad de Trancas fue a la comisaría a realizar una denuncia por violencia de género contra su agresor Sebastián Balegno. Los policías le dijeron que “no estaba el oficial de guardia” que regresara más tarde. Noelia regresó a su vivienda y se suicidó. Ella es una víctima más de “Femicidio Institucional”, relataron.

Y concluyeron: “Desde La Casa del Encuentro nos preguntamos por qué las mujeres no denuncian. Las respuestas son dolorosas: por miedo, porque pensé que no me iban a ayudar, no quisieron tomarme la denuncia, no tengo plata para un abogado, etc., etc., etc. Todas y cada una de estas razones son válidas y deberían ser tomadas por el Estado para mejorar la atención de quienes se encuentran desprotegidas”.