El Foro está compuesto por organizaciones sindicales, de defensa de los usuarios y consumidores, especializadas en la materia energética y sanitaria, organizaciones no gubernamentales en general, especialistas, académicos y autoridades gubernamentales.

En un informe, el Foro indicó que los usuarios residenciales del servicio del gas en la provincia de Buenos Aires alcanzan un total de 4.119.113, de los cuales 1.522.988 son usuarios de ingresos altos (N1) y pagan la tarifa plena sin subsidios. Otros 1.628.028 tienen ingresos bajos (N2) y mantienen el 70% de subsidios; y 968.097 están identificados como personas con ingresos medios (N3) y mantienen el 40% de los subsidios y el resto lo abonan al precio que cueste el metro cúbico de gas (se mide por consumo promedio).

En ese sentido, en el documento, precisaron que las entidades de bien público y los clubes de barrio tienen una bonificación en el precio del gas del 75% y se apuntó que en 2023 se estableció una bonificación de los precios del gas natural para los usuarios y usuarias de Servicio General “P” que estén inscriptos o se inscriban en el Registro de Empresas MiPyMES.

De la misma manera, hoy la tarifa social se aplica a los hogares residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica y consiste en la bonificación sobre un bloque de consumo subsidiado al 100%. En la provincia de Buenos Aires, 539.781 hogares tienen tarifa social.

El Foro Bonaerense de Servicios Públicos indicó que el proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo “apunta a poder ‘crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios’, por lo que si esta iniciativa prospera, ya no sería obligatorio que el Congreso revisara el origen y el destino de los fondos para subsidios energéticos”.

“Sin esta regulación, si se modificaran y/o se quitaran los beneficios existentes para los usuarios residenciales y las entidades de bien público, el impacto del incremento en las boletas sería pleno”, se subrayó.