Kicillof cerró así la primerea paritaria del año sin el acuerdo de las organizaciones gremiales, que pedían un incremento superior que equipare la suba de los sueldos con la de los precios, que se dispararon fuerte después de la devaluación del Peso que dispuso el ministro de Economía, Luis Caputo, en el primer paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

Es una medida inusual, ya que el Gobierno suele negociar con cada rama por separado y otorgar subas que algunas veces coinciden y otras no, algo en lo que influye el régimen salarial de cada sector. Pero esta vez fue 25% para toda la administración pública.

En un comunicado oficial, el gobierno de Kicillof apunta a “la aceleración inflacionaria desatada por el gobierno de Javier Milei” al señalar que es “consciente” de que provocó una “pérdida del poder adquisitivo del salario”. Menciona específicamente el Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que fue del 25,5%, para señalar que se trata de la inflación “más elevada en década para nuestro país”.

Tras el aumento de hoy, los sueldos quedaron, en promedio, con una suba del 142% para los estatales, según un comunicado de ATE que calificó de “insuficiente” el incremento. Del mismo modo lo describieron los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad del sector. Ambas organizaciones, de todos modos, se abstuvieron de tomar medidas de fuerza, aunque reclamaron una rápida convocatoria para discutir una nueva suba.

En ese marco, la administración provincial consideró “un enorme esfuerzo” el aumento que dio y sugirió que no pudo ser mayor por las medidas del gobierno de Milei, al señalar el contexto de “dificultades financieras e incertidumbre respecto de la continuidad y evolución de los recursos provenientes del Estado Nacional” que atraviesa.

La referencia del comunicado tiene que ver con la suspensión del envío de los llamados fondos presupuestarios o no automáticos a las provincias, que el gobierno de Milei dispuso como una forma de contribuir a lograr el equilibrio financiero. En el caso de Buenos Aires, que mantiene un histórico reclamo por la recibir casi 20 puntos de coparticipación menos de los que aporta a la recaudación nacional, ese recorte de fondos discrecionales podría equivaler al 25% del presupuesto ejecutado del año pasado, superior a los 7 billones de pesos.