El procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que en los encuentros interinstitucionales que mantiene con representantes del gobierno provincial para abordar la problemática de la superpoblación carcelaria “jamás” se planteó la existencia de un plan para liberar presos masivamente, como se cuestionó desde la oposición.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario analizó que en las mesas de diálogo convocadas desde diciembre por el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, para abordar la problemática de la superpoblación carcelaria “jamás escuché de la existencia de un plan de estas características”.

Además, aclaró que “las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman ni los defensores, ni los fiscales, sino los jueces”.

Conte Grand analizó que “aprovechando la situación de emergencia sanitaria” y una resolución dictada por él “para evaluar la situación de los internos que estaban dentro del universo de riesgo, comenzaron a adoptarse decisiones en algunos ámbitos del Poder Judicial de la provincia que no tienen nada que ver con ese objetivo”.

En ese marco, destacó que el 8 de abril “se dictó una resolución desde la Cámara de Casación constituida de forma unipersonal en el que hizo lugar a un hábeas corpus”. Se refirió de esta manera a un fallo de la Cámara Federal de Casación que recomendó, hace dos semanas, otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo “mecanismos de control y monitoreo”, y sólo para casos de “prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”.

Conte Grand detalló que, de acuerdo al Servicio Penitenciario Bonaerense, había unos 2.300 presos que integran el universo de riesgo, “de los cuales el 50 por ciento no podía beneficiarse con esta alternativa procesal porque estaba detenido por delitos graves”.

“Desde el 16 de marzo hasta hace dos días, se presentaron 2.900 pedidos de excarcelaciones, de los cuales 1.200 deben integrar el universo de riesgo. En nuestra opinión, de esos 1.200, aproximadamente 800 han sido externados”, indicó.

Consideró, asimismo, el procurador que “al término de la pandemia, habrá que hacer una evaluación y una cantidad significativa deberá volver a la cárcel”.