La medida fue oficializada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que dirige Daniel Roque Vítolo. El funcionario señaló en las redes sociales que se derogaron las resoluciones 34/2020, Nº35/2020, Nº42/2020 y Nº12/2021 del organismo que “obligaban imperativamente a personas jurídicas privadas a tener igual número de hombres y mujeres en sus órganos de administración y fiscalización”.

“Igualdad de oportunidades y de acceso no es sinónimo de que el estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada”, consideró Vítolo.

La normativa eliminada disponía que “las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan; las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una conformación que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”.

Vítolo indicó que la normativa anulada ahora sufrió antes rechazos judiciales. “La IGJ durante el gobierno anterior interpuso recursos extraordinarios ante la Corte para defender su posición y esos recursos fueron denegados, con lo que las sentencias que declararon la nulidad están hoy vigentes”, indicó. Y agregó: “La decisión de IGJ de respetar los fallos judiciales es una muestra clara de respeto a la institucionalidad”.