Los datos surgieron del informe anual 2020 que fue presentado hoy en forma virtual por la CPM, donde su titular, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que los detenidos “sufren el encierro y la situación de la fuerza de seguridad que se transforman en fuerza de represión y no de prevención”.

Pérez Esquivel pidió a las actuales autoridades “tener en cuenta este informe que, si bien pertenece al gobierno anterior, muestra una realidad trágica porque derechos humanos y democracia son valores indivisibles”.

Según el informe, en el territorio provincial “la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando y con la legitimación de la Doctrina Chocobar, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la provincia 485 muertes en cuatro años”.

La CPM precisó que eso representa “una muerte cada tres días, de las cuales 21 fueron femicidios” y consignó que en el 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.

Además puntualizó que “por la brutalidad, por la edad de las víctimas, la operación institucional de encubrimiento montada para proteger a los policías responsables, y el espionaje policial ilegal montado sobre sus familias, la masacre de San Miguel del Monte aparece como uno de los más impactantes del 2019”.

Se trata de la muerte de cuatro adolescentes ocurrida durante la madrugada del 21 de mayo de 2019, en esa ciudad bonaerense, luego de ser perseguidos y baleados por personal policial en el auto en el que se movilizaban.

En el informe se detalló que las víctimas predominantes siguen siendo jóvenes, concentrándose fuertemente en la franja de 15 a 24 años.

En el 67 por ciento de los casos fueron cometidos por policías en actividad pero fuera de servicio (es decir, fuera de su horario de trabajo) “por lo que ese dato refuerza la conclusión acerca de la pertinencia de revisar cuanto antes la cuestión del estado policial”, dice el informe.

El informe reveló también que la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9 por ciento y en diciembre de 2019 había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico.

“Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país y una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000”, graficó el CPM, que aseguró que "durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación".

Consignó que entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado, lo que representa 11 muertes por mes y que el 78 por ciento de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.

Precisó también que 2019, la CPM registró y denunció 12.594 hechos de torturas o malos tratos relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares.