Tras el femicidio de Úrsula Bahillo que conmocionó al país, diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para que sean detenidos los agresores que violen una perimetral. La iniciativa propone modificar el Código Penal con el objetivo de agravar las penas cuando se incurra en una desobediencia en causas por violencia de género.

La iniciativa, de la diputada nacional del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, propone modificar el Código Penal para que un agresor sea detenido en casos de incumplimiento de una restricción perimetral en una causa por violencia de género.

La iniciativa tiene lugar tres días después del femicidio de Úrsula Bahillo, quien fue asesinada por su exnovio a pesar de haberlo denunciado en reiteradas oportunidades.

“Es fundamental darle las herramientas a la Justicia y a las autoridades para poder proteger y salvaguardar la vida y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres que sufren violencia de género”, explicó Gaillard.

El proyecto de ley que presentó la diputada nacional por Entre Ríos cuenta con el apoyo de otras 25 legisladoras y busca modificar el Código Penal y la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

No solo aumenta las penas que actualmente se prevén para el delito de desobediencia en el caso que se incumpla con la restricción penal, sino que también agrava las sanciones a los funcionarios públicos por omisiones o dilaciones en la asistencia y protección de las víctimas.

La iniciativa propone que la sanción ante casos de desobediencia de una medida perimetral, en el marco de una denuncia por violencia de género, sea de tres a cinco años de prisión. Actualmente, el artículo 239 prevé una pena de 15 días a un año.

“Queremos elevar la pena para que el juez esté habilitado para dictar una prisión preventiva. En caso de aprobarse estas modificaciones al Código Penal, si el juez considera que está peligrando la vida de la mujer, está en todas sus facultades de detener al agresor para salvaguardar la integridad de la víctima”, amplió.

También se busca resolver la dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias de violencia de género. En ese sentido, si el incumplimiento de la restricción de acercamiento representa un peligro para la integridad psico-física de la víctima o la de sus hijos, las autoridades deberán poner en conocimiento al juez que lleva adelante la causa “en forma urgente y dentro del plazo máximo de 24 horas”.

Asimismo, la iniciativa contempla que será reprimido con pena de uno a seis años de prisión el juez que, en las denuncias por hechos de violencia de género o familiar, “demore maliciosamente la adopción de medidas de protección de la víctima después de haber sido requerida por las partes”.