El 19 de marzo de 2020, el Gobierno puso en marcha un ambicioso plan que, mientras restringía la circulación de los argentinos, apuraba el fortalecimiento en obras, logística y plan sanitario de un frágil sistema sanitario, que incluso carecía de un Ministerio de Salud, tras haber sido convertido en secretaría durante la anterior gestión de Cambiemos.

"Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio", anunciaba aquel miércoles por la noche el Presidente, que inicialmente adoptó la medida por 15 días -hasta fines de marzo-, pero luego debió ser renovada en forma sucesiva cada dos semanas.

A partir de la difusión de imágenes del colapso sanitario en países de Europa, donde los contagios y las muertes se multiplicaban en pocos días y los hospitales no daban abasto, el Gobierno estableció permisos de circulación para desplazarse más allá de la zona de residencia y sólo el personal definido como esencial podía trasladarse sin restricciones.

Con el correr de los meses, estas limitaciones a la circulación fueron flexibilizándose de manera paulatina, de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica en las regiones del país, pero en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuó hasta principios de noviembre, cuando logró llegar a la fase de "distanciamiento".

Así, el ASPO dio paso al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo), que tuvo vigencia en la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios bonaerenses que conforman el AMBA desde el lunes 9 de noviembre de 2020 hasta la actualidad.

Si bien fue habilitada la circulación sin necesidad de autorizaciones previas, el transporte público continuó reservado al personal esencial, mientras que bares y restaurantes pudieron ir abriendo sus locales con aforo restringido y estrictos protocolos.

También, la pandemia llevó a limitar las operaciones de aviación comercial, en tanto que los vuelos de cabotaje e internacionales estuvieron cerrados hasta el 1 de septiembre último por disposición de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC).

La crisis económica global también tuvo su capítulo argentino y el Gobierno salió a atender la situación de los sectores vulnerables y del área de la economía más golpeada, como la gastronomía, el turismo y las actividades culturales.

Pocos días después del anuncio del aislamiento obligatorio, el 23 de marzo de 2020 la gestión del presidente Fernández anunciaba la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una suma fija de 10 mil pesos mensuales para los más afectados por las consecuencias del freno en la actividad económica.

En simultáneo también se lanzó el ATP, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, por el cual el Gobierno pagó durante varios meses la mitad de los salarios de aquellas empresas afectadas por las consecuencias económicas de la paralización de actividades.

Otras medidas de protección al sector productivo fueron la postergación o reducción en el pago de aportes patronales y créditos a tasa cero para monotributistas o autónomos, además de diferimientos impositivos.

Asimismo, se elevó el monto de las prestaciones económicas por desempleo, se mantuvo la doble indemnización en caso de desvinculación laboral, y se incrementó un 50% el monto cargado en las Tarjetas Alimentar.

A un año del inicio de la pandemia, Argentina registra 54.231 los fallecidos a nivel nacional y 2.218.425 los contagiados, informó el jueves el Ministerio de Salud.

De acuerdo con los últimos datos del Monitor Público de Vacunación -actualizado a las 18 del jueves-, el total de inoculados asciende a 2.762.672, de los cuales 2.253.951 recibieron una dosis y 509.321 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 3.843.565.

Desde el inicio de la pandemia se realizaron más de 8 millones de testeos, y actualmente se hacen un promedio de 50.000 pruebas diarias para detectar la presencia del virus.