La Comisión Provincial por la Memoria solicitó la clausura de la comunidad terapéutica Cumelén de nuestra ciudad e hizo público un informe tras una inspección realizada el pasado lunes al lugar. En el mismo se realizan graves acusaciones contra las condiciones de vida de los jóvenes que allí se alojan.

El informe indica que no se cumple con la Ley de Salud Mental, que garantiza la protección de la salud mental de todas las personas, ni con los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, se informa el suicidio de un joven y se denuncia la falta de un dispositivo adecuado para la prevención de situaciones de esa índole, un abuso sexual entre adolescentes alojados en la institución, "sobremedicación" y precarias condiciones edilicias, de vestimenta, alimentarias y de salud.

Respecto del tratamiento terapéutico, se denunció que el abordaje no es "personalizado, humanizado y/o en vinculación con las trayectorias de vida de los jóvenes y la posibilidad de trabajar de conjunto en la realización de un proyecto de vida posterior al alojamiento en Cumelén".

La petición fue elevada al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, entidad que también realiza inspecciones en dispositivos como las comunidades terapéuticas, entre otros. A raíz de lo observado propone modificaciones para los abordajes de las instituciones. Éstas las incorporan y ejecutan en los tratamientos de los jóvenes para trabajar de manera articulada en la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cumelén trabajaba en conjunto con este organismo, así como con distintas áreas del Ministerio de Salud, e incorporaba las distintas indicaciones que de allí provenían tras las inspecciones realizadas de manera periódica. La última habría sido llevada adelante hace pocos meses. 

Según fuentes allegadas a la comunidad terapéutica, tras indicaciones del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se tomaron medidas que modificaron el sistema de ordenamiento del abordaje de los jóvenes. El mismo los distribuía en "fases" según los objetivos que cumplían en cada momento de su tratamiento individual y esto dejó de implementarse. Una de las denuncias del informe indica que "todos los jóvenes atraviesan el mismo mecanismo de intervención independientemente del grado de problemática con el que ingresaron a la Comunidad". 

Tras las gravísimas acusaciones plasmadas en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, cabe preguntarse: ¿Si lo detallado es cierto, por qué el organismo provincial no tomó cartas en el asunto antes, dado que también conocería la situación a partir de sus inspecciones? ¿Cuál es el rol del Estado en la promoción y garantía de los derechos de nuestros jóvenes y en este caso particular?

El informe de la CPM a continuación, tal lo publicado en su página web oficial:

El suicidio de un joven, un caso de abuso sexual, precarias condiciones edilicias, sobremedicación, falta de dispositivos para contener intentos de suicidio, mala alimentación y desatención de la salud, son algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que constató la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en una reciente inspección a la comunidad terapéutica Cumelén, ubicada en la localidad de Olavarría. En el lugar no se cumple la ley de salud mental ni la ley de promoción y protección de derechos del niño. Por esta razón, se solicitó al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) la inmediata clausura de la comunidad, se realizó una denuncia penal y se presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas allí alojadas. El Organismo provincial dispuso el realojamiento de los jóvenes en establecimientos adecuados.

Luego de recibir información sobre el suicidio de un joven y una denuncia por abuso sexual contra otro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó una inspección a la comunidad terapéutica Cumelén, ubicada en la localidad bonaerense de Olavarría. Los equipos de la CPM realizaron entrevistas de confidencialidad con los jóvenes que permanecen allí alojados, revisaron sus legajos e historias clínicas y relevaron las condiciones materiales de todas las instalaciones.

Este trabajo permitió constatar la existencia de graves violaciones a los derechos humanos que ponen a los jóvenes allí alojados bajo padecimientos crueles que persisten de manera sistemática. Entre los más significativos se encuentra la ausencia de dispositivos que permitan contener los intentos de suicidio, algo especialmente grave si se considera que la mayoría de los entrevistados manifestó haber tenido intentos de suicidio y/o haberse provocado autolesiones. También se pudo constatar el caso de otro joven que fue víctima de abuso sexual mientras se encontraba bajo los efectos de una sobremedicación que lo paralizó completamente.

A estas graves situaciones se suman además la violencia sistemática que los jóvenes reciben por parte de los operadores y autoridades de la comunidad, bajo agresiones físicas directas como modo de castigo o porque incitan a las peleas entre los propios internos.

El régimen de vida es extremadamente violento y punitivo, atravesado por la lógica del castigo y la despersonalización. No hay distinciones entre mayores de edad y niños, estando todos alojados en conjunto. Tampoco se evidencia un abordaje personalizado, humanizado y/o en vinculación con las trayectorias de vida de los jóvenes y la posibilidad de trabajar de conjunto en la realización de un proyecto de vida posterior al alojamiento en Cumelén. Al contrario, todos los jóvenes atraviesan el mismo mecanismo de intervención independientemente del grado de problemática con el que ingresaron a la Comunidad.

Además de esto, los equipos de la CPM pudieron constatar el grave deterioro edilicio del lugar, la falta de vestimenta adecuada, la escasa y deficiente alimentación, y el casi nulo acceso a la salud en jóvenes que incluso han padecido patologías por un largo tiempo.

Por la gravedad de los hechos la CPM envió una nota al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) en la que solicitó una intervención urgente y una inmediata clausura del lugar. La nota fue acompañada por un informe detallado de cada una de las situaciones relevadas junto con imágenes tomadas durante la inspección. El Organismo intervino de manera urgente disponiendo el realojamiento de los jóvenes en establecimientos adecuados.

La CPM, integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, también puso en conocimiento de estas graves violaciones de derechos humanos al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, al Ministerio de Salud provincial y a la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Nación.

Teniendo en cuenta la gravedad de lo relevado, la CPM ha insistido con que se profundicen auditorias exhaustivas y periódicas con perspectiva de derechos humanos y los enfoques establecidos en la ley de salud mental y de protección de la niñez en todos los dispositivos oficiales o conveniados con el OPNyA.