El decreto 790 que estableció la promulgación y que fue publicado en el Boletín Oficial lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

La ley, aprobada el 28 de octubre pasado por el Senado, busca garantizar la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia de Covid-19.

También apunta al respeto del derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades.

Según lo establecido en la norma, el Ministerio de Educación de la Nación será el encargado de promover, en coordinación con otros organismos y a través de los programas vigentes y que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades.

El Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, establecerá los principios y modalidades para actualizar el desarrollo de criterios de acreditación y evaluación integral y formativa que convaliden los avances en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y permitan su seguimiento especialmente durante el período de continuidad pedagógica no presencial con el fin de propiciar y asegurar la continuidad de las trayectorias escolares, su finalización y pasaje de niveles educativos.

También deberá diseñar criterios y propuestas pedagógicas y didácticas que consideren de manera integrada todas las dimensiones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que contemplen pautas de evaluación, acreditación, promoción y el fortalecimiento de tutorías y/o acompañamientos específicos para todos los niveles educativos.

Además, el Ministerio de Educación desarrollará un sistema de seguimiento y evaluación de la concreción de los objetivos de la ley, que permita el seguimiento sobre las metas anuales y plurianuales y el cumplimiento de acuerdos bilaterales.