Así lo expresó la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que realizó un informe contabilizando los femicidios ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.

Allí estableció que en 2021 hubo 222 femicidios, la cifra más baja en comparación a los 4 años anteriores: en 2020 hubo 270 casos; en 2019, 287; en 2018, 260 y en 2017, 304 femicidios.

“Se registra un descenso en la cantidad y consecuente tasa de femicidios en los últimos años. Entendemos que este descenso se vincula al fuerte activismo feminista, con alto impacto en los medios de comunicación, que mantiene en la agenda pública la temática de la violencia de género logrando sensibilización social y desde allí, incidencia en el diseño de políticas públicas”, fundamentó MuMaLá.

El mecanismo de relevamiento de MuMaLá se realiza “a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense”.

Los datos de esta organización feminista son similares a los del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” (AQSNV), que también registra los femicidios a lo largo del país y observó un descenso durante el 2021 en comparación a los años anteriores: el año pasado contabilizaron 256 femicidios, en tanto que en 2020, 301; en 2019, 327; en 2018, 289; y en 2017, 277.

Sin embargo, desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro difieren en tales números, ya que consideraron que en el 2021 hubo un aumento en los femicidios -305 casos-, en comparación a los anteriores años (2020: 300 femicidios; 2019: 299 femicidios; 2018: 273 femicidios; 2017: 295 femicidios).

Las diferencias en las estadísticas está dada en las distintas formas que tienen las organizaciones de contabilizar los casos de femicidios y el seguimiento de cada uno de ellos, explicaron.

MuMaLá, en el relevamiento difundido este martes, contabilizó 1.343 femicidios en los últimos cinco años, de los cuales distinguió en 1162 femicidios directos, mientras que 152 fueron catalogados como femicidios vinculados y otros 29 al colectivo travesti-trans.

“Pese a los datos y a la demanda del creciente movimiento de mujeres y LGBTIQ+, los estados y los gobiernos siguen teniendo deudas pendientes con nuestras vidas”, opinó la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, en un comunicado de prensa.

Por su parte, la organización indicó que el 67 por ciento de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de la víctima, en tanto que el 27 por ciento eran familiares o conocidos.

En cuanto al lugar del hecho, el relevamiento añade que el 64 por ciento de los hechos tuvieron lugar en la casa de la víctima, lo que “ratifica que, en nuestro país, los femicidios son centralmente domésticos y perpetrados por personas del círculo íntimo de las víctimas”.

Por otro lado, considerando la modalidad del hecho, en el 30 por ciento de las oportunidades las víctimas fueron apuñaladas, mientras que el 27 por ciento de los femicidios fueron cometidos con un arma de fuego.

Durante los últimos 5 años, la organización contabilizó 1.160 autores de los crímenes, donde 56 de ellos fueron femicidas múltiples, a la vez que otros 55 actuaron acompañados de otras personas a la hora de cometer el asesinato.

El informe también señala que el 10 por ciento de los asesinos contaba con antecedentes penales de violencia de género y que el 21 por ciento se suicidó tras cometer el hecho.

“El alto índice de suicidios se debe a múltiples factores. Por un lado, está la pérdida del ‘objeto’ que se poseía y controlaba. También, el suicidio representa la posibilidad de evadir la responsabilidad penal e incluso evitar la sanción social”, expresó la organización.

En ese sentido, las fuentes revelaron que 104 de los perpetradores -9% del total- pertenecían a una fuerza de seguridad, ya sea activos o retirados, donde 42 de ellos utilizaron su arma reglamentaria para cometer el asesinato.

Al respecto, en el informe se realizó el siguiente análisis: “El hecho de que el agresor pertenezca a algún organismo del aparato represivo estatal también genera una situación de aumento de riesgo para las víctimas: cuentan con un arma de fuego y entrenamiento físico, tienen acceso diferencial a la información pudiendo obstaculizar los canales formales de acceso a las denuncias y a la justicia”.

Por último, la organización estableció 18 objetivos enmarcados en un “Plan de Acción”, entre los cuales se pidió por “la declaración de la Emergencia #NiUnaMenos” y exigió al Estado Nacional “mayor compromiso, presupuesto acorde y eficiencia en la intervención de las instituciones en el abordaje de las violencias machistas”.