Por Mercedes Fariña / @MerPato

Una de las personas presentes en la marcha de Ni Una Menos de este viernes fue María José Barrera, madre de Marcela Gómez, la joven fallecida el pasado 6 de marzo tras ser apuñalada por su ex cuñado cuando se interpuso entre éste y su hermana.

Juan Horacio Báez, de 37 años, es el único acusado del femicidio y se encuentra detenido desde ese día en la Unidad N° 2 de Sierra Chica, actualmente con prisión preventiva e imputado por el delito. Buscarán concretar un juicio oral y público.

Durante la movilización, María José Barrera contó a este medio que debió hacer una nueva denuncia contra Báez la semana pasada "porque se comunicó de nuevo con mi hija, el no se podía comunicar". Báez envió mensajes de texto a su ex pareja, que ya había radicado denuncias contra el meses antes del femicidio de Marcela.

La familia recurrió a la Dirección de Políticas de Género, donde le proveyeron un botón antipánico a la joven y luego fue radicada la denuncia -que se sumará a la causa por femicidio- en la Comisaría de la Mujer. "Ese tipo no puede tener celular, el sabe todos los movimientos de mi hija, ella no puede vivir encerrada", denunció la madre.

Esta denuncia pone de manifiesto una paradoja. En 2020, con el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, se estableció un protocolo en las cárceles bonaerenses para que los internos puedan tener teléfonos celulares. Los mismos serían registrados en cada penal con marca y modelo y no estaba permitido el uso de redes sociales ni aplicaciones afines, excepto por WhatsApp. Asimismo, solo podrían utilizar los dispositivos en las celdas.

"El acceso a Internet de cualquiera de los dispositivos autorizados [teléfonos celulares y/o notebooks] deberá limitarse estrictamente a contenidos que guarden relación con este protocolo [comunicación con la familia, estudio e información procesal"], rezaba el protocolo.

En este caso, Juan Horacio Báez está habilitado para tener un celular durante la prisión preventiva, pero es con ese mismo aparato que se habría dedicado a continuar hostigando a su ex pareja y hermana de la joven de cuyo femicidio de lo acusa. Además de la reciente denuncia por este hecho, la familia de Marcela Gómez había radicado otras por violencia de género.

Cabe recordar que Moira, una ex pareja de Báez detalló que el sujeto "estuvo detenido dos veces por intentar matarme" y que lo denunció en 4 ocasiones. En la última, a la mujer la justicia le aseguró que "iban a pedir 2 años y 4 meses, pero a los 3 meses ya estaba en libertad". Moira manifestó que los actos de violencia cometidos por Báez contra Marcela y su hermana no fueron los primeros en su prontuario y aseveró que "él tendría que haber estado detenido, esto se podría haber evitado".

El quebrantamiento de una orden de alejamiento significa una pena de entre 6 meses y un año, según dictamine un Juez, dado que se trata de la ruptura de una condena previa, que es la perimetral en sí. El cumplimiento de la orden de alejamiento es controlado por la justicia mediante la vigilancia policial. Cabe aquí preguntarse si las comunicaciones de Juan Horacio Báez están siendo vigiladas dentro del penal donde cumple prisión preventiva y enviar mensajes a la familia de la joven que mató no entra en las categorías de "comunicarse con sus familiares, estudio e información procesal".

El hostigamiento por parte de Báez hacia su ex pareja y hermana de Marcela, a través de comunicación con un celular, implica una violación a las medidas de alejamiento que pesan sobre él, consistiendo un delito penal cometido incluso desde la unidad penitenciaria donde cumple prisión preventiva.

El artículo 5 del protocolo de teléfonos celulares en las cárceles establece que "la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil dará lugar a la inmediata incautación del teléfono celular y al labrado de las actuaciones administrativas y/o denuncia penal correspondientes". En el caso de Báez, de momento no se le ha incautado el teléfono celular que utiliza para hostigar a su ex pareja.

Bien vale preguntarse si los controles de las medidas de alejamiento persisten puertas adentro del penal, dado que la tenencia de celulares es un derecho y existe un protocolo para su utilización, que en este caso no estaría cumpliéndose al pie de la letra, con el agravante del hostigamiento a la familia de la víctima.

Respecto de su situación actual tras la muerte de su hija, donde tuvo que irse de su casa y perdió el trabajo, María José indicó que "todo sigue igual" y que al Municipio no pudo cumplir con el pago de un alquiler "porque yo no cuento con garantías como ellos me piden".

Por último, están a la espera de un juicio por jurados contra Báez, pero aún no hay fecha prevista. "Viene muy rápido la causa, eso sí", comentó la mujer y detalló que se atrasó el sorteo de Tribunal "porque el penal no tenía móvil para derivarlo para hacerle una pericia psiquiátrica". En este sentido, opinó: "él avisó, fue con armas, ya se sabe en qué condiciones mentales estaba".