El estudio elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) resaltó que en la provincia de Buenos Aires se lanzó en 2020 el programa "Más trabajo, menos reincidencia" con el propósito de disminuir "la reincidencia a través de la inclusión social y laboral de las personas en conflicto con la ley penal", y a la vez impulsar la actividad de asociaciones civiles, organizaciones sociales y empresas privadas que trabajan con personas que están próximas a salir de la cárcel.

"La gran mayoría de los presos manifiesta cuando salen que no quieren volver pero (la vida en libertad) se les hace cuesta arriba. Así como se invierte en la cárcel no se invierte nada en el proceso de la vuelta a casa y es un error abandonar a personas, se debería apoyarlos y vigilarlos", aseguró a Télam Marcelo Bergman, director del Celiv-Untref y doctor en Sociología por la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos.

De acuerdo al informe presentado por la Untref, entre 2002 y 2019 hubo un aumento pronunciado de la tasa de encarcelamiento, caracterizado por un ascenso de detenidos por delitos de drogas y delitos sexuales, y un descenso de delitos contra la propiedad.

El aumento de la población penitenciaria fue de un 117 por ciento -de 46.288 en 2002 a 100.634 en 2019- y la tasa de encarcelamiento pasó de 123 cada 100.000 habitantes a 224 cada 100.000 habitantes en 18 años.

Según el trabajo de la universidad, en 2019, de la totalidad de condenas, el 17 por ciento fueron reincidentes y entre las condenas con privación de libertad, los reincidentes representaban el 26 por ciento.

La cantidad de condenas a reincidentes en términos absolutos, se mantuvo relativamente estable durante el período: cada año, entre 6000 y 8000 reincidentes regresaron a las cárceles (RNR), sostuvo el informe.

Y si bien la tasa de reincidencia entre las personas privadas de libertad condenadas disminuyó levemente los últimos años, con el crecimiento de la población carcelaria aumenta su número en términos absolutos.

"Nosotros calculamos que entre 5 y 7 de cada 10 que salen vuelven a cometer delitos", dijo Bergman, quien añadió que el primer objetivo es "alertar sobre el problema" y el otro es que haya "mediciones" de la situación para encontrar soluciones.

El también director de la Maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de la Untref afirmó que "si una persona sale a los 25 años y otra a los 40, el de 25 tiene mayor probabilidad de reincidir".

"Eso ocurre porque a mayor edad la gente ya no quiere tener tantos problemas porque forma parejas o tiene hijos, la mayoría de los que vuelven son jóvenes con el agravante de que la cárcel no es un espacio rehabilitador y salen en peores condiciones del que habían entrado", explicó Bergman y aseguró: "La gran mayoría manifiesta cuando salen que no quieren volver pero se les hace cuesta arriba".

Es que en 2019 sólo el 22 por ciento de los detenidos participó de algún programa laboral y 36 por ciento accedió a trabajo remunerado.

"Uno de los obstáculos más importantes para que una persona pueda acceder al mercado laboral formal es contar con antecedentes penales. La formación de cooperativas desarrolla un trabajo que provee ingresos modestos para los liberados y sus familias y además forma espacios de contención y compañerismo", destacaron desde la Untref.

Sin embargo, "sigue en vigencia la prohibición de que las personas con antecedentes penales sean parte del consejo directivo de una cooperativa".

Además, de las tres fuentes de datos analizadas indican que la tasa de reincidencia es mayor entre hombres que mujeres.

De acuerdo al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), en 2019 de cada 100 mujeres detenidas en cárceles, 45 estaban condenadas, y 4 eran reincidentes, mientras que entre los hombres, de cada 100 detenidos, 56 estaban condenados y 9 eran reincidentes.

"Hay buenas iniciativas de resocialización a través de programas laborales o educativos pero solo abarcan a pocas personas y quedan afuera la mayoría de los privados de la libertad", señaló Bergman.

Al respecto, en el informe destacaron que los Patronatos de Liberados "tienen pocos recursos y un alcance limitado" ya que de "cuatro instituciones relevadas, tres tenían un promedio de 1 empleado cada 150 liberados a cargo", por lo que sostienen que "mayormente, cumplen un rol de agencias de certificación con escasos apoyos de asistencia, donde prima el control por sobre la asistencia efectiva".

Según el informe del Untref, el costo de manutención mínimo de cada persona privada de la libertad en todo el país es de al menos 10.000 dólares por persona al año, lo que arroja un costo presupuestal de, al menos, 1.100 millones de dólares, sumado al número significativo de fiscales, peritos, jueces y personal judicial para sancionar y ejecutar las penas.