El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le acaba de asestar un durísimo golpe a toda la política de control de precios que implementa el gobierno de Alberto Fernández, que tiene a los intendentes en la primera línea de batalla. Es que la cartera que conduce Daniel Arroyo anunció la compra directa de comestibles con importantes sobreprecios.

Según la resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se adquirieron fideos, aceite y otros comestibles con sobreprecios que rondan el 60 por ciento en algunos casos, en comparación con los precios máximos establecidos por el propio Gobierno y que se publican en una página oficial.

La idea era confeccionar 1.7 millones de módulos alimentarios, compuestos por leche en polvo, aceite mezcla, azucar, harina de trigo, arroz, fideos guiseros y lentejas secas, para satisfacer necesidades alimentarias de las familias más vulnerables en medio de la cuarentena dictada para evitar el contagio del coronavirus.

Se adquirieron, por ejemplo, 340 mil envases de aceite comestible comestible mezcla por 1,5 litros cada uno, a un precio unitario de $ 157,80, marca Indigo, y otros 340 mil litros de mismo producto, marca Ideal, a 158 pesos, aunque según Precios Máximos, no debería pagarse más de 98 pesos por ese producto, en la misma presentación.

El Gobierno admitió que los proveedores “cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio”, aunque las ofertas posteriores “siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra”.

Otro ítem que trajo polémica fue la compra de fideos semolados, en los que se detectaron sobreprecios. En este caso, desde Desarrollo Social explicaron que la resolución original consignaba erróneamente que se trataba de unidades de 500 gramos, cuando en realidad se trataba de paquetes de un kilo.

El propio ministro, Daniel Arroyo, debió salir a dar explicaciones, y para eso eligió las redes sociales. Desde Twitter, el funcionario nacional explicó que la urgencia imposibilitó conseguir mejores precios y que todo el procedimiento fue supervisado por “la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020 COVID-19”.

A pesar de las aclaraciones del Gobierno, las reprecusiones fueron negativas para la administración Fernández. Especialmente teniendo en cuenta el férreo control de precios que se intenta imponer y por las expectativas inflacionarias que marca la compra de Desarrollo.