Para la implementación del refuerzo, se tendrá en cuenta "si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgada por el Gobierno Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios", se detalla en otro párrafo del decreto 758.

El monto a abonarse será de $ 45.000 a concretarse en dos pagos de $22.500 cada uno, entre noviembre y diciembre de este año.

El refuerzo deberá solicitarse ante la Anses, que dispondrá de los mecanismos de intercambio de información necesarios para la acreditación de los requisitos establecidos.

Los condiciones para acceder al refuerzo son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial, completar la solicitud, no percibir ingresos formales ni estar en relación de dependencia, como tampoco ser titular de jubilaciones, pensiones, planes, programas o prestaciones de seguridad social, entre otros.

La decisión de implementar un refuerzo alimentario está en línea con lo previsto en el Fondo de Incremento Exportador creado el 5 de septiembre pasado a través del decreto 576/22, en cuyo artículo 9 se dispuso que los objetivos de esa iniciativa eran "financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional" como también "programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales".

En el caso de la prestación monetaria, la finalidad es asegurar "una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad", se consignó en el decreto de septiembre.

El Presidente dispuso la creación del refuerzo alimentario antes de partir rumbo al Foro de París y a la cumbre del G-20 en Bali, al firmar tres decretos -entre ellos el 758- que establecen además la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso y el desdoblamiento del aumento en el valor de las prepagas con una nueva fórmula.