El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, negó la existencia de un “plan” para liberar a presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis por el avance del coronavirus, ante el avance de la polémica con la oposición, que pidió explicaciones luego de que ayer el Presidente Alberto Fernández alentara esa posibilidad.

Con varios mensajes en las redes sociales, Alak negó “categóricamente” que en la provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos, al sostener que “la Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”.

De este modo, el ministro bonaerense salió al cruce de un pedido de explicaciones lanzado por la oposición y de un informe periodístico que asegura que existe un “mecanismo” para liberar a más de 6 mil detenidos de las cárceles bonaerenses, con el supuesto objetivo de instalar en el lugar que dejen libre camas para detenidos que enfermen por coronavirus.

Este martes, el jefe de los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, le pidió por escrito al presidente del cuerpo, Federico Otermín, que convoque a Alak para conocer cuál será la política del Gobierno bonaerense en ese sentido.

Abad marcó la “preocupación” de su bancada por “la situación de las cárceles bonaerenses en relación a la pandemia Covid-19 y algunas resoluciones que está adoptando el Tribunal de Casación de esta Provincia vinculadas a otorgar arrestos domiciliarios a quienes se encuentran detenidos por decisiones judiciales”.

El pedido respondía a un supuesto informe que indicaba que en la provincia se habían otorgado más de mil prisiones domiciliarias relacionadas con el coronavirus. El titular del Consejo de la Magistratura y camarista federal de San Martín, Alberto Lugones, negó esa cifra, dijo que “no creo que lleguen ni a 200”, y afirmó que solo se otorgan en “aquellos casos en que se justifique por el riesgo para su salud”.

En el mismo sentido, Alak indicó que los pedidos de prisiones domiciliarias “son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial”, a cargo de Julio Conte Grand. Y subrayó que “de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales”.

Más temprano Conte Grand se había referido a la polémica, al señalar que “el principio general” en la provincia de Buenos Aires “no es liberar” a los presos sino ocuparse “solamente de los grupos de riesgo” dentro de las cárceles en el contexto de pandemia de coronavirus.

Polémica

Este lunes, el presidente Alberto Fernández se mostró a favor del otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos con riesgo de contraer coronavirus, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a presos sin cumplir con la ley de la víctima, podrían ser sometidos a juicio político.

Quien también se metió en la polémica fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien volvió a contradecir al Presidente al sostener que “por suerte para los presos (su libertad) no depende de mi opinión, porque si fuese por mí no sale ninguno”.

En tanto, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, cuestionó la medida al indicar en Twitter: “Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas… son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel”.

Por su parte, la senadora Felicitas Beccar Varela (Juntos por el Cambio) trazó una extraña teoría sobre la liberación de presos y vinculó esa medida con la intención del Gobierno de formar “patrullas que amenacen a jueces” y expropien el capital. Además, dijo que el coronavirus es utilizado como excusa para “fundir a las empresas” para luego estatizarlas.