Para ello aplicará una estrategia de presión sobre los gobernadores, necesitados de financiamiento para sus provincias: solo avanzará con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias si a su vez ellos influyen en sus legisladores para que aprueben sus iniciativas en el Congreso.

Luis Caputo, el ministro de Economía fue quien dio el disparo inicial para esta estrategia: por orden de Javier Milei lleva adelante una promesa de campaña: reducir al máximo los envíos no automáticos a las provincias, con el objetivo de reducir el déficit nacional y, al mismo tiempo, intentar disciplinar políticamente a los mandatarios provinciales, muchos de los cuales tienen dependencia financiera extrema de los recursos nacionales.

Y ese segundo punto es el que activó ahora Milei. El Presidente presiona a los gobernadores porque sabe que el trámite parlamentario del DNY y la “ley ómnibus” (o Ley Bases) no será sencillo y busca con esa estrategia presionar a los gobernadores.

La clave es que la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, una medida que tomó el exministro de Economía Sergio Massa cuando era candidato presidencial, desfinanció a las provincias porque se trata de un impuesto coparticipable. Los mandatarios pidieron que se dé marcha atrás o que se coparticipe el impuesto al cheque. Milei, que cuando se votó la iniciativa en el Congreso lo hizo a favor, ahora está dispuesto a correr con al menos parte del costo político de dar marcha atrás pero la moneda de cambio es el apoyo al DNU y la “ley ómnibus”.

Con apenas 38 o 40 diputados y siete senadores, la Casa Rosada corre en desventaja y necesita abrir una vía de negociación para conseguir la sanción de la ley ómnibus en el Congreso. En Balcarce 50 admiten que Milei hoy no tienen lo números garantizados en la Cámara baja, donde arrancará el debate, y deberá apelar a las artes de la política para construir un colchón de adhesiones.

El megaproyecto de Milei incluye la modificación de 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años. La vasta iniciativa le abre la puerta las privatizaciones e impulsa desde una nueva estructura del Estado hasta cambios en el Código Penal, en salud y educación, y en la forma de elegir diputados.

En el círculo de confianza de Milei argumentan que la situación de emergencia económica impide estirar los plazos de la discusión. No confirman si evaluarían extender el período de sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero ante las quejas de los legisladores por el volumen del paquete de leyes, aunque dan señales de que no hay tiempo debido a la “profunda crisis”.