El Gobierno descongelará desde este jueves un impuesto que tiene incidencia en el precio de la nafta y el gasoil, por lo que habrá un nuevo aumento en los surtidores a partir del primero de febrero. Los tributos son el que se cobra al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se encuentran pisados desde julio de 2021. Así lo aclararon fuentes oficiales a Infobae, quienes aclararon que la actualización no será de una sola vez. Este proceso es clave para la recaudación del Tesoro nacional y las provincias.

Mientras tanto, las petroleras analizan en estas horas la magnitud de los incrementos para los próximos meses, basados en otras tres variables: la devaluación del tipo de cambio oficial, el precio del barril Brent y el precio de paridad de importación (es decir, que el valor sea similar al precio de importación del crudo). Estos cambios, en conjunto, implicarán un aumento en el precio de estos bienes desde el 1 de febrero, que rondará de mínima entre el 10 y el 15 por ciento según los cálculos que manejan en despachos oficiales y el sector privado.

En detalle, los impuestos al combustible tienen un mecanismo de actualización basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del trimestre previo en línea con lo que prevé la normativa vigente desde 2018. Desde mediados de 2021 que se prorrogan ininterrumpidamente y el último congelamiento vence este jueves. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios de YPF marcan $699 para el litro de nafta súper; $862 el de nafta premium; $736 el gasoil súper, y $938 el gasoil premium. Esos montos contemplan los fuertes incrementos de los últimos dos meses, con un salto promedio del 155 por ciento.

Sin embargo, la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo espera que el sendero de “sinceramiento” en el precio de los combustibles se dé gradualmente tras los fuertes incrementos acumulados en los últimos meses. En concreto, se buscaría recomponer el ICL en proporción a solo una parte del retraso que redundaría en una suba de entre 3% y 5% dependiendo de la bandera.

Eso implica que se recompondrán entre tres y cinco de los nueve trimestres en los que el tributo fue congelado. Mientras tanto, la próxima oportunidad para recuperar los períodos que faltan será recién en mayo según explicaron a este medio. La medida será analizada por las autoridades hasta último momento.

Esa decisión se explica por los incrementos que aplicarán las petroleras no solo en febrero, sino también en los meses siguientes por factores que no tienen que ver con lo impositivo. Si bien la premisa oficial es la liberalización de los precios, corregir todo el retraso implicaba un efecto directo en la inflación en medio de los aumentos de otros servicios regulados y, en consecuencia, sobre los debilitados bolsillos de los consumidores.

Ese efecto ya comenzó a sentirse en el consumo de combustibles, afirman fuentes del sector. “Las ventas cayeron entre 10 y 15% desde diciembre. Una parte se explica porque el precio quedó más en línea con el internacional y bajó la demanda en los pasos fronterizos”, ampliaron.

Al efecto de la actualización en los impuestos se sumará otro cálculo que deberán hacer las refinadoras. La devaluación del 2% mensual del dólar oficial, el incremento en el precio internacional del petróleo y el camino que propuso el Gobierno hacia el precio interno de paridad de importación. “La decisión en ese punto será de cada una de las empresas. No nos vamos a meter en eso”, comentó una fuente oficial que calculó que la suba total podría rondar entre el 10 y 15 por ciento.

La decisión que oficializará este jueves Energía a través del Boletín Oficial es un punto importante para las necesidades fiscales del ministro de Economía, Luis Caputo. “Si el Gobierno actualiza el impuesto a los combustibles, el precio de la nafta podría subir un 25%. El valor real del tributo cayó un 85% entre diciembre 2018 y diciembre 2023.

La recaudación mensual cayó un 77%. Nación podría juntar recursos extras por 0,37% del PIB y Provincias por 0,15%”, detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), aludiendo a una de las discusiones que se da por estas horas con los gobernadores: cómo compensar la pérdida de recursos después de que se retirara el capítulo fiscal de la ley Ómnibus, por la resistencia a apoyar una suba de retenciones, pero también el proyecto para reinstalar el impuesto a las Ganancias. (Fuente: Infobae. Por Agustín Maza)