Las cifras del último informe de Unicef Argentina impactan y duelen. La indigencia en niñas y niños aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023 en el país, lo que equivale a 1,8 millones de chicas y chicos, esto es, 250 mil más en comparación a 2022. De acuerdo a estimaciones del organismo, el escenario se habría agudizado hacia finales del año pasado hasta alcanzar al 19,4% de la población infantil. Son 630 mil chicas y chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos.

En tanto, la pobreza monetaria afecta al 57% de niñas y niños, lo que equivale a 7,1 millones de chicas y chicos. Algunos de ellos se encuentran incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad: la pobreza se eleva cuando los referentes del hogar tienen muy bajo nivel educativo (83%), en los casos de hogares monomarentales (68%) o cuando residen en barrios populares (84%).

En esa línea, el organismo de la ONU alertó que “las políticas de protección de ingresos resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza” y subrayó que “sin estos programas, alrededor de 270 mil niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de 1 millón pasarían a ser indigentes”.

Si este escenario se mantiene, “la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo”, sostuvo Sebastián Waisgrais, Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina.

“En un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil, es importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones”, subrayó Waisgrais, de acuerdo al documento publicado por la entidad.

En este escenario, el presupuesto nacional destinado a niñez muestra una caída del 75% en términos reales, según tres nuevos informes de UNICEF basados en cifras oficiales que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños; el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos.

“El presupuesto constituye una herramienta clave para aportar elementos desde la política fiscal que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”, explicó Luisa Brumana, representante de UnicefArgentina, al presentar los informes enmarcados en los monitoreos sobre la situación de la niñez y la adolescencia que realiza la organización de forma continua desde 2016.  

Signos de “alerta” y presupuesto insuficiente

El trabajo señaló que en lo que va del año, la implementación de políticas públicas que beneficien a las infancias “presenta signos de alerta”. Por un lado, se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos, vinculados al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, o a un Plan Nacional de Primera Infancia.

Asimismo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar muestran niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual –prorrogado de 2023- no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año.

No obstante, el trabajo de Unicef señala que ños aumentos establecidos a principios del año del 100% en los montos de la AUH y la Prestación Alimentar contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, durante los últimos años, la capacidad de compra de ambas prestaciones evidencia una significativa caída. En la actualidad, la AUH representa el 45% de la Canasta Básica Alimentaria y el 21% de la Canasta Básica Total, y la Tarjeta Alimentar enfrenta una situación similar.

Los informes presentados mencionan la necesidad de un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas.

(DIB) ACR