Argumentan una aparente contradicción del Estado, que tras haber promulgado el Decreto 70/2023, permitiendo los aumentos sin un control estricto, ahora se erige como defensor de los intereses de los afiliados. Y que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en todo caso, no tiene competencia para frenar los aumentos, sino que debería intervenir la Secretaría de Industria y Comercio.

El Estado Nacional, a través de la SSS, interpuso el recurso de amparo contra 23 empresas de medicina prepaga por los aumentos de las cuotas de los afiliados a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

También pidió que se implemente un mecanismo de devolución del dinero que los afiliados abonaron por encima de lo que hubiera marcado el incremento inflacionario.

Swiss Medical, una de las empresas que se presentaron espontáneamente para discutir la cautelar, asegura en un escrito ante la jueza Mercedes Maquieira que los aumentos dispuestos “se encontraron debidamente justificados y obedecieron a circunstancias objetivas perfectamente verificables”.

En el texto la empresa sostiene que el análisis de la situación “no puede efectuarse de manera aislada desde la vigencia del DNU 70/23, sino que parte de un desfasaje previo de los precios relativos de los bienes y servicios producido como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”

Se puntualiza sobre el “desequilibrio económico financiero, que llevó a las Empresas de Medicina Prepaga a una situación de extrema emergencia y a un deterioro de los servicios de salud en todos estos últimos arios de extrema regulación del sector y atraso de valor de cuotas”

Otro de los argumentos es “el notable atraso que venían registrando los aumentos autorizados respecto de la inflación (inflación en general e inflación médica en particular)”.

Y finalmente, Swiss Medical afirma que ahora hubo “un giro dramático”. Señala: “La Superintendencia que fue debidamente anoticiada de los aumentos y que parecía no importarle verificar o analizar la razonabilidad de los mismos, ahora se constituye como representante de los afiliados y demanda a las empresas de medicina privada”.Mientras que en el caso de Sancor Salud, el abogado Raúl Ferreyra García afirma: “En este expediente no existe legitimación activa del demandante (…) por ello, además de la inexistencia de controversia o perjuicio -lisa y llanamente- no hay caso o controversia judicial”.

Agrega que “la demanda no ha definido ningún interés propio de la repartición pública que se encuentre afectado de manera actual y concreta. Se trata de referencias genéricas donde se omite toda probanza o referencia del caso concreto, siendo sus argumentaciones en torno al presunto perjuicio meramente conjeturales”.

También le pide a la jueza advertir que la parte actora busca que “la Justicia dicte una norma general con alcance para todas las empresas, que limite aquello que el DNU 70/2023 y su reglamentario 171/2024 establecieron. Esto es, que elípticamente y de modo solapado se intenta obtener de la Justicia la modificación de aquello establecido por la ley y con alcance general”.

Luego introduce otro argumento sobre la supuesta falta de legitimidad. Sancor dice que la Superintendencia no posee “legitimación activa (…) en primer lugar, por la propia letra del DNU 70, donde se la excluye de toda injerencia en la determinación de las cuotas de los planes de salud (…) Por eso mal puede venir a peticionar que se limiten los precios de los planes”. Y advierte entonces que debería ser la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, y no la SSS, la parte actora.

Habrá que ver ahora cómo continúa la situación. Porque recién este miércoles la magistrada cumplió con una etapa procesal clave, al solicitarle al fiscal federal interviniente “que se expida respecto de la competencia de la suscripta”. Si Maquieira llegara a declararse incompetente, toda esta polémica judicial volvería a comenzar.