Las sanciones habían sido aplicadas contra maestros por la supuesta falta de “no desempeñar digna, eficaz y responsablemente funciones inherentes al cargo, al no cumplimentar la apertura y cierre del edificio escolar” durante diferentes paros llevados a cabo en 2018.

Durante el gobierno anterior, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) cuestionó los sumarios iniciados, al considerar que se trataban de medidas de amedrentamiento y que configuraban una “persecución gremial”.

De hecho, interpusieron demanda de amparo sindical contra el Ministerio de Educación que tramitó en el Tribunal de Trabajo N° 3 de la ciudad de La Plata denunciando que el organismo estatal ejerció un comportamiento antisindical consistente en obstaculizar el ejercicio regular del derecho a huelga de los trabajadores docentes.

El 21 de diciembre de 2018 en esa causa se ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires dejar sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios, iniciados contra los directores por no abrir los edificios educativos durante los días de paro y el 14 de febrero de 2019 el Tribunal amplió la medida cautelar en el mismo sentido.

En tanto, en la resolución que ahora dejó sin efecto los sumarios se dispuso además “absolver” a los docentes que aún continúan investigados, a quienes no se logró acreditar la transgresión a una falta administrativa.

En paralelo, se cerró la instrucción de sumarios administrativos realizados a los directivos por la falta de “no supervisar y suscribir las planillas de contralor docente y administrativo, en las cuales no se consignaron las inasistencias del personal de la institución, correspondientes a los días de paro”.

También, aquellas iniciadas por “confeccionar y suscribir el contralor docente y administrativo con datos apócrifos al no consignar las inasistencias del personal docente de la institución, correspondientes a los días de paro”.

Se expuso en la resolución que “el contexto de las medidas de fuerza traídas formalmente a reproche se enmarca dentro del legítimo ejercicio del derecho a huelga constitucionalmente amparado, lo que imposibilitó garantizar la apertura de establecimientos educativos”.

Se destacó, asimismo, que “la conducta docente asumida se contextualiza dentro de un conflicto colectivo, adquiriendo los hechos descriptos una dimensión institucional que cobra su verdadero sentido al articular los derechos individuales y sociales involucrados”.