A fin de poder renegociar los aumentos tarifarios de los servicios públicos así como definir la instrumentación de un sistema que diferenciará el monto de incremento según los ingresos de los usuarios, el Gobierno prorrogó este jueves por 90 días el congelamiento de las tarifas previstas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que vencía a fin de año.

El Decreto 1020/2020 , publicado este jueves en el Boletín Oficial , extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte SA ( EDENOR ) y Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR) .

A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas , la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de "reestructuración tarifaria".

Tras una auditoría se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica ”.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública , de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán 'ad referendum' del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto . No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

El objetivo de Darío Martínez es comunicar una suba discriminada , donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias. No habrá un incremento de subsidios, que se mantendrán entorno al 1,7% del PBI, sino que se redistribuirán de forma más equitativa, adelantó la Secretaría de Energía a minutouno.com cuando este portal anticipó la medida de aumentos diferenciados de los servicios públicos .

Esto es, habrá una parte importante de la población que no sufriría ningún tipo de aumento en el valor de la luz y el gas al menos durante el próximo año, y esa suba la absorbería en parte el Estado con subsidios y otra parte las propias distribuidoras .

El Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

Así, luego de 3 años tarifazos acumulados del 3000% en el caso de la luz y cerca del 2000% aplicados durante la gestión de Mauricio Macri, desde abril de 2019 los servicios se encuentran congelados. Primero por decisión del ex presidente en un año electoral, y luego por la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado en el marco de la grave situación económica que atraviesa el país.

Para corregir las tarifas, la idea entonces que apartar de esas subas al 40% de los argentinos que no pueden hoy pagar ninguna factura de luz y gas, mientras que el 45% que forma parte de la "clase media", según cálculos del Gobierno , tendrá que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.

En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.

"Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible" , resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández.

Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deben ajustarse al entorno al 70% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.