Para ello la Cámara baja formalizó la nómina de 31 integrantes de la comisión que empezará a buscar una solución a esta problemática.

De acuerdo con la resolución interna que lo dispuso, el cuerpo de trabajo quedará conformado por 16 diputados del Frente de Todos; 14 de Juntos por el Cambio y una del Interbloque Federal; por lo que el oficialismo, de no presentar fisuras, tendría número suficiente para alzarse con dictamen de mayoría.

Por lo acordado oportunamente, ese cuerpo de trabajo tendrá 30 días hábiles para emitir un dictamen sobre la materia. El mayor consenso está en la necesidad de cambiar los dos artículos que más problemas generan a inquilinos, propietarios e inmobiliarias: el de la duración de tres años para los contratos y el que indexa el ajuste anual por inflación e índice de variación salarial. Este último mes fue del 53,6%.

El problema que tienen tanto la oposición como el oficialismo es que ninguna de las dos partes tiene mayoría suficiente para avanzar con una iniciativa propia, de la varias que ya presentaron. Esta realidad política impacta negativamente en el problema económico de fondo y obliga a los dos espacios a buscar algún punto de acuerdo.

Más allá de esto, dentro de Juntos por el Cambio reconocen que la Ley de Alquileres, que fue impulsada por ese mismo espacio durante la gestión de Mauricio Macri, fue un error, principalmente por haber establecido un ajuste anual indexado. El PRO en ese sentido propuso con un nuevo proyecto una extensión de 24 meses años para los contratos y el radical Martín Tetaz un año.

Con respecto al precio del alquiler, otro de los puntos polémicos, los legisladores macristas proponen que en los contratos de locación para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes”.

La diferencia la marca el proyecto que presentó José Luis Gioja, del Frente de Todos, ya que mantiene la fórmula de ajuste indexado pero con topes. El sanjuanino propuso un límite del 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley para la renovación y del 20% adicional para el precio inicial del alquiler.

En tanto, desde el kirchnerismo buscan proteger a inquilinos monotributistas y se pide un registro de los contratos en la AFIP. Y en ese sentido se pretende que haya beneficios fiscales para locadores que registren esos contratos en la entidad.