El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ presentó su informe del primer semestre del año, que reveló que hubo 69 delitos en donde la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

El 78 % de las víctimas son mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), el 16 % varones gays, el 4% lesbianas y el 2 % varones trans, detalló el informe.

"De todos los crímenes de odio de este semestre, el 46 % de los casos (32) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir son asesinatos, suicidios y muertes por ausencia estructural del Estado", señaló el observatorio.

En tanto, el 54 % restante de los casos (37) corresponden a lesiones "al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte".

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 19 % fueron asesinatos; el 6 % suicidios, y el 75 % restante "son casos de muertes por abandono y/o ausencia estructural del Estado".

En un comunicado, las organizaciones y organismos que integran el observatorio destacaron que "en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de la población vio sus ingresos sensiblemente reducidos".

Y que esta situación en la población trans "se maximizó exponencialemente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas".

Al respecto, resaltaron que "las organizaciones sociales de diversidad sexual, en articulación con el Inadi y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lograron habilitar una línea del Potenciar Trabajo, específicamente para personas trans".

Es así que se incorporaron a ese programa estatal "más de 3.500 personas trans, se entregaron más de 2.800 módulos alimentarios y se realizaron cientos de gestiones para impedir desalojos".

Asimismo destacaron la decisión del presidente Alberto Fernández, de establecer por decreto el cupo laboral trans en el sector público.

"Esto es un importante avance para la comunidad trans, ya que a pesar de contar desde 2012 con la ley 26.743 de Identidad de Género su promedio de vida sigue siendo de 35 a 40 años", resaltaron.

"Sin embargo, desde la Federación Argentina LGBT+, junto con la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA Red Nacional), venimos luchando desde hace años por la aprobación de la ley Integral Trans -como ya se aprobó en Uruguay-, que se encuentra actualmente presentada en el Congreso", añadieron.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ fue creado por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación.