Un proyecto de ley impulsado por al menos diez legisladores de Juntos por el Cambio busca prohibir que personas privadas de la libertad puedan votar en las elecciones.

La controversial iniciativa revierte el derecho de los presos al sufragio y busca derogar la legislación vigente, sancionada en 2003 y reglamentada en 2006, que habilita a votar a personas privadas de su libertad procesadas y sin condena firme.

En sus fundamentos, el diputado nacional Alberto Asseff indicó que dicha norma fue un “mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo”.

“Insistimos que los fondos que son destinados a estos actos, bien podrían ser utilizados en favor de su propia seguridad y mejoramiento de condiciones de infraestructura carcelaria, pues bien sabido es el hecho de las deplorables condiciones sufridas por las personas privadas de la libertad, contrariando parámetros constitucionales y de pactos internacionales de Derechos Humanos, de raigambre constitucional”, agregó el diputado nacional, a quien acompañan con la firma los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio Gerado Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.

Presentada en la Cámara de Diputados y Senadores, la propuesta tiene el objetivo de modificar la Ley N°25.858 sancionada el 29 de diciembre de 2003 y reglamentada en 2006 por el expresidente Néstor Kirchner.

Anteriormente, el artículo 3 inciso D del Código Electoral Nacional excluía a los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad. Pero ese postulado fue derogado y en las elecciones del 2007 los presos en prisión preventiva votaron. La modificación estableció la creación de un Registro de Electores Privados de la Libertad, quienes desde entonces pasaron a votar en boleta única en sus respectivos centros de detención

La Ley N°25.858 surgió a partir del caso judicial “Mignone”, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en 2002 sobre la inconstitucional de la prohibición de excluir del derecho al sufragio a las personas procesadas y bajo prisión preventiva. Uno de los fundamentos de esa sentencia está vinculado a la reforma constitucional de 1994, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En las últimas elecciones legislativa de 2021, 13.826 personas privadas de la libertad votaron en las cárceles y unidades penales, de un total de 57.672 habilitadas. Fue un 24% del padrón. El Frente de Todos se impuso sobre Juntos por el Cambio en 18 de las 24 provincias del país.

(DIB)