El Gobierno nacional ultima detalles para abrir la inscripción, en los primeros días de septiembre, a la última etapa de la tercera edición de los créditos PROCREAR, que incluye el lanzamiento de créditos hipotecarios destinados a la construcción.

Hasta ahora está habilitada la inscripción para acceder a créditos personales destinados a refacciones, mejoramientos sustentables y arreglos menores. Desde mañana se agregan los que financian la conexión a la red de gas natural. El plato fuerte, los créditos hipotecarios para construcción, se demorará una semana más, pero llegará con novedades.

Una de ellas, tal vez la más importante, será la posibilidad de financiar con ahorros propios parte de la construcción. El Estado, a través de la ANSES, prestará lo necesario para construir hasta 65 metros cuadrados, a precios de mercado, incluyendo el costo de los materiales y de la mano de obra.

Hoy, el costo de construcción oscila en torno a los 50 mil pesos por metro cuadrado. Una vivienda de 65 metros cuadrados, según esos valores, costaría unos 3.2 millones de pesos. La pregunta que surge es ¿qué pasa si quiero construir por encima de esa dimensión?

“Financiaremos de acuerdo a la capacidad de pago de la familia que solicita”, confirmó a INFOCIELO Luciano Scatolini, Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación, quien agregó que si hay “ahorros demostrados” se pueden autorizar por encima del límite de 65 metros cuadrados.

La elección de la superficie a construir como variable no es casual. Se busca que no se repita una dificultad que sí hubo en ediciones anteriores, en las que la plata “no alcanzaba” para completar la construcción de una vivienda. “En ediciones pasadas, muchas familias terminaban construyendo casas más grandes de lo que les autorizaba el crédito”, agregó el funcionario, que se desempeña además como titular del Comité Ejecutivo del PROCREAR.

Algunas cosas no cambiarán. El dinero, como en las ediciones anteriores de PROCREAR, se entregará en tres partes, a medida que se certifica el avance de la obra.

En cuanto al terreno para edificar, hay tres modalidades. La primera es que el propio solicitante lo aporte. Para eso debe haberlo adquirido antes de agosto, cuando se llevó a cabo el anuncio oficial.

Una apuesta fuerte en este sentido tiene que ver con el Plan Nacional de Suelo Urbano, una iniciativa que busca “vincular la política de suelo con el desarrollo territorial, promoviendo prácticas virtuosas para lograr ciudades compactas, equitativas y accesibles”. Lo que se busca es poner a disposición terrenos fiscales en desuso, de parte de la Nación, de la Provincia y de los Municipios, para generar lotes con servicios para urbanizar.

Mañana mismo, el Gobierno provincial firmará un convenio con autoridades nacionales, con miras a promover esa modalidad.

La tercera alternativa está amparada en la Ley de Hábitat, sancionada bajo enormes polémicas hace casi una década, y que admite la conformación de “consorcios urbanísticos”, en los cuales los privados aportan la tierra y los municipios se hacen cargo de las obras de infraestructura necesarias para proveer servicios.

En cuanto a la devolución del préstamo, Scatolini ya había dado precisiones sobre la “fórmula HOGAR”, que vincula el pago de la cuota a los ingresos, “con la salvedad de que si al ingreso le gana la inflación, en esos meses el crédito se va a ajustar por una fórmula que estará vinculada al salario pero con un tope del 2%”.

Además, la nueva fórmula de actualización “está segmentada”, lo que se traduce en que “los que menos ingresos tienen son los que menos van a pagar”. Por ejemplo, “si alguien tomaba un crédito en noviembre de 2017 la diferencia entre Uva y una Hogar se vería muy plasmada porque una familia estaría pagando la mitad. Es una fórmula mucho más beneficiosa”.