El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluye hoy, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.
Nacional 31/03/2021
Primera Info
Tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.
Este martes por la mañana, el referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz dijo -en declaraciones radiales- que "la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto".
"Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada", detalló.
Este martes, la Federación de Inquilinos Nacional realizó un "ruidazo inquilino" en distintos puntos del país "para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler".
Asimismo, la manifestación apuntó a "pedirle al Gobierno que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola".
Por otra parte, sostienen que es necesario implementar un "plan de desendeudamiento de las familias inquilinas" y el "control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses".
A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó a Télam la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.
Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
Por otra parte, esta semana se creó el "protocolo de riesgo temprano de desalojo" con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.
A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó a Télam que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
La medida estaba en incluida en el DNU 70/2023. El Instituto Nacional de la Yerba Mate deja de tener potestad para fijar los precios.
El vocero de Presidencia, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional abrirá las importaciones de productos de la canasta básica y que impulsará que esto suceda a través de “alguna quita de impuestos”.
El Gobierno nacional definió el incremento del gas desde abril, con la quita de subsidios al precio mayorista, lo que impactará mayormente en las boletas de hogares de altos ingresos, comercios e industrias.
El gobierno nacional puso finalmente en práctica en sistema de “vauchers” educativos: en esta etapa serán entregados a alumnos de colegios privados que no puedan pagar las cuotas, que vienen aumentando desde que asumió Javier Milei.
El precio de las naftas subió este miércoles un 4% promedio en estaciones de servicios (a pesar de que el Gobierno postergó ayer hasta junio la actualización de los impuestos a los combustibles) y las subas en el sector acumulan un 119% en menos de cinco meses.
Varias organizaciones sociales con el apoyo de partidos de izquierda realizarán un “piquetazo nacional” bajo la consigna “El hambre es el límite”, con bloqueos a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y manifestaciones en 500 puntos del país.
A partir de abril, el límite para sacar dinero en efectivo en comercios con tarjeta de débito aumentó un 325%.
Trabajadores de la cadena de supermercados denunciaron en las últimas horas despidos masivos en varias sucursales del país. En la provincia de Buenos Aires hubo desvinculaciones en Bahía Blanca, San Justo, La Tablada y en el shopping Alto Avellaneda.
Cuando la “prioritaria educación pública” se transforma en un verso para el gobernador Axel Kicillof: en la zona de Recalde, por ejemplo, hay alumnos y alumnas que no pueden concurrir a las escuelas por dos motivos. Uno: los caminos rurales, en deplorable estado. Dos: el Consejo Escolar aún no arregló la parte económica con el servicio de combis. ¿Y la defensa de la educación pública…?.
Es una joven olavarriense de 24 años que debe ser intervenida quirúrgicamente y la operación es muy costosa: necesita alrededor de 8 millones de pesos. Cuatro personas allegadas están recaudando dinero con un bono solidario y también un espectáculo musical el primer sábado de junio en la SF Independencia.
Las Zonas 1 y 2 son las mismas que funcionaban con el sistema anterior y este lunes inició un período de prueba para que los usuarios puedan familiarizarse con el sistema.
Se buscará la concertación de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia o extensión en áreas de mutuo interés, abriendo la posibilidad de un Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación.
Sobre el sujeto de 33 años pesaba una orden de detención por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego.